«La cita previa obligatoria es un símbolo perfecto de esta deriva. Nació como una herramienta excepcional en la pandemia, pero el Gobierno la ha convertido en una barrera ordinaria, de provisional a permanente, de algo organizativo a algo restrictivo, y lo que debía facilitar ha terminado impidiendo. Señorías, es inasumible que, según los últimos datos de los colegios de gestores administrativos, en un 80 % de los trámites ante la Administración central no se ofrecen citas disponibles y, cuando hay, se conceden con más de quince o veinte días de espera. Es inasumible que, por ejemplo, el servicio público de empleo esté desbordado, con 3500 efectivos menos en una década, más del 40 % de sus oficinas sin citas y un nuevo sistema informático que triplica los tiempos de tramitación. Es inasumible que la Seguridad Social acumule miles de quejas por retrasos administrativos y saturación en la gestión de expedientes y que, en paralelo, haya un mercado negro que exige hasta 100 euros por una cita. Pero es que cuestiones similares están ocurriendo en Tráfico, en la Agencia Tributaria, en los registros civiles, en la Policía para hacer el DNI o el pasaporte o en los servicios de extranjería. Todo ello es inasumible y no es un problema de los empleados públicos que trabajan con plantillas insuficientes, sistemas informáticos deficientes y una presión creciente, es el Gobierno quien carga sobre los ciudadanos y sobre los funcionarios las consecuencias de su falta de gestión. (Aplausos).»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.