«Con la venia de la Presidencia. Señorías, la iniciativa que nos trae hoy a debate el Grupo Parlamentario Popular trata, como ya ha dicho su portavoz, de eliminar la exigencia de la cita previa como requisito exclusivo para la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado, garantizando la atención al ciudadano con o sin cita previa y manteniendo este sistema con carácter voluntario como instrumento de organización del servicio. El informe del Defensor del Pueblo referente al ejercicio 2023 señalaba expresamente que, entre los principales problemas que afectan hoy a la Administración pública, se encuentran los derivados de la cita previa y la saturación en la atención a la ciudadanía por parte de las Administraciones y los servicios públicos. Así, el informe recogía que la pervivencia de estos sistemas con carácter general u obligatorio se traduce en deficiencias en la atención y la asistencia que las Administraciones públicas están obligadas a prestar para atender sus obligaciones legales. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CSIF, hace un par de años, firmaron un comunicado conjunto en el que, de alguna manera, venían a recoger lo que había dicho el Defensor del Pueblo y añadían que la situación afecta a la gratuidad del procedimiento administrativo, pues muchos se ven abocados a la contratación de servicios de asesoría para poder realizar con éxito sus trámites administrativos. Y, señorías, ya es difícil que Comisiones y UGT critiquen a este Gobierno corrupto entre mariscada y mariscada, pero se pusieron de acuerdo y lo hicieron. (Aplausos).»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.