«Ahora bien, eliminar la cita previa de manera genérica y hacerlo sin alternativas ni recursos suficientes, oigan, no resuelve el problema. El riesgo de sustituir un colapso por otro colapso no tiene ningún sentido. Hay que recordar que la cita previa bien gestionada también cumple una función organizativa importante. De esto no tenemos que olvidarnos: evita colas innecesarias, permite planificar recursos, reduce tiempo de espera y facilita, o debería facilitar, una mejor atención presencial. El problema actual y el problema real es la falta de personal, se ha dicho; pero no solo la falta de personal, sino también la saturación de los servicios y la insuficiencia de plazas disponibles. Es imperativo, señorías, ampliar las plantillas y hacer mucho más eficientes los distintos mecanismos de gestión, y esta proposición no de ley no nos lo explica. También es importante, y voy terminando, presidenta, la Ley 39/2015, una ley que no obliga a las personas físicas a relacionarse electrónicamente con la Administración. Por ello, la Administración es quien tiene que garantizar vías presenciales reales y accesibles para la ciudadanía. Pero esto no implica eliminar cualquier sistema de organización previa. Lo que es necesario es garantizar la atención presencial sin exclusión digital; mantener vías de acceso sin cita previa para casos urgentes y, sobre todo, para casos vulnerables; ampliar el personal y los recursos; abrir más franjas de citas; combatir las mafias de reventa de citas, y, especialmente, implementar sistemas transparentes y eficientes de reserva. Podemos coincidir, pues, en la necesidad de reformular profundamente el modelo actual, pero no en una eliminación indiscriminada, tal y como plantean, de la cita previa, sin planificar, sin garantías de refuerzo tampoco de los servicios públicos.»

Fragmento 6 de 7 de esta intervención.