«Del examen de la normativa se puede llegar a la conclusión de que ningún sistema de gestión de atención personal a la ciudadanía es en sí mismo acorde o contrario a una norma, sino que será necesario analizar las características y resultados de ese sistema para verificar si sirve o no a los principios, derechos y obligaciones contemplados por la normativa vigente. Esa normativa exige hacer efectivo el derecho a obtener información y asistencia por parte de la ciudadanía, pero dicho servicio debe realizarse de manera eficaz, ágil y eficiente. (Aplausos). Para evaluar también hay que tener en cuenta la realidad objetiva de la Administración General del Estado y esa realidad es la limitación de recursos materiales y humanos existente, y los números no pueden engañar. En enero de 2002 el número de efectivos de la AGE, excluyendo Fuerzas Armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el personal al servicio de la Administración de Justicia, era de casi 299 000; en enero de 2012 el total ascendía a algo más de 285 000; en enero de 2019 era de 231 000; y en enero del 2025, 242 000. Más de 56 000 empleadas públicas menos entre 2002 y 2025.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.