«El Defensor del Pueblo, en el informe de 2025 presentado en esta misma tribuna, ha alertado de forma específica sobre las múltiples quejas que revelan esto que hemos señalado. Primero, la falta crónica de personal de apoyo. Segundo, la escolarización forzosa en centros ordinarios. Existen numerosos recursos promovidos por familias que rechazan el traslado obligatorio de sus hijos de centros de educación especial a centros ordinarios, argumentando que estos últimos carecen de la infraestructura y la seguridad necesarias, en algún caso, y en otros casos denunciando la falta de atención a estos alumnos y la ausencia total de integración. Tercero, las demoras en los dictámenes de escolarización. Cuarto, los niños que están en familias y que tienen un trastorno como por ejemplo el autismo critican que los menores pasan horas con cuadernos en blanco realizando tareas completamente absurdas. Cinco, los recortes y la precariedad en los apoyos. Seis, los obstáculos burocráticos. A esto hay que sumar las quejas del profesorado y de los sindicatos sobre la falta de formación específica de los profesores. Gran parte del cuerpo docente manifiesta no contar con las herramientas pedagógicas ni con la capacitación necesaria para atender de forma correcta las diversas patologías o capacidades en un aula ordinaria, por lo demás masificada. Las ratios son excesivas, hay sobrecarga laboral, los docentes dedican gran parte de su tiempo a rellenar informes, y la burocracia de las comisiones de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares individuales, lo que eleva significativamente sus niveles de estrés y desatención general.»

Fragmento 3 de 9 de esta intervención.