«Muchas gracias, señor presidente. Hoy el Grupo Parlamentario VOX trae una iniciativa que parte de nuestra preocupación ante el gravísimo deterioro del sistema judicial. Señorías, la justicia atraviesa en España una crisis sin precedentes, una crisis de la independencia respecto del resto de los poderes del Estado, una crisis de eficacia y eficiencia por su extrema lentitud y una crisis de confianza pública. Los españoles están indignados. Ven al Gobierno presionar a un juez, degradar la fiscalía, colonizar instituciones e intentar que el Poder Judicial sea una simple prolongación de su proyecto político y, mientras esto ocurre, los juzgados se colapsan, los procedimientos se eternizan y los españoles tienen la sensación de que la ley no es igual para todos. Pero lo más grave es que estamos ante un proyecto político perfectamente orquestado y diseñado que consiste en debilitar cualquier institución o contrapoder que pueda incomodar al Gobierno del PSOE. Como todos los españoles saben, el Partido Popular y el Partido Socialista llevan décadas repartiéndose el órgano de gobierno de los jueces, es decir, el Consejo General del Poder Judicial, como si fuera un consejo de administración y, además, se lo reparten en los despachos. Su último despacho fue en Bruselas, bajo la tutela del excomisario de Justicia imputado Reynders. Unos y otros nombran a los suyos y luego comparecen ante los españoles fingiendo escandalizarse por un sistema que ellos mismos han construido durante décadas. (Aplausos). Pero lo más grave es que, cuando en junio del 2024 renovaron el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, una de las partes, el Partido Popular, dijo que habían llegado a un compromiso con el Partido Socialista para que los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial ya no fueran designados directamente por las Cámaras, sino que fueran designados directamente por y entre jueces y magistrados. Nosotros ya advertimos de este error, y el tiempo, por desgracia, nos ha vuelto a dar la razón, porque desde entonces el Partido Socialista y el Gobierno de España no han dejado de traer iniciativas legislativas para socavar más la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes. Ahí tenemos la llamada ley Bolaños, la ley de ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal que, precisamente, supone un intento de colonización todavía más acusado. También tenemos ahí el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que concede a la Fiscalía la potestad de instruir procedimientos penales, cuando todo el mundo sabe que la Fiscalía depende de la fiscal general del Estado, que precisamente es nombrada directamente por el Gobierno. Todo esto está ocurriendo en una coyuntura, en un contexto, en el que familiares del presidente del Gobierno están siendo investigados y procesados por corrupción y también varios miembros del Gobierno.»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.