«Tenemos que elegir un sistema en el que quien menos tiene no puede acabar siendo el que más dificultades tenga para poder afrontar su enfermedad. Les voy a contar más o menos de dónde venimos o cuál es el sistema que teníamos hasta esta reforma. Teníamos un copago farmacéutico en el que protegíamos a los pensionistas con tres tramos y con un tope. Los pensionistas, tengan el tratamiento que tengan, tienen un tope de 8, de 16 o de 60 euros en función de los diferentes tramos: de 0 a 18 000 euros, de 18 000 a 100 000 y más de 100 000 euros, y para los trabajadores en activo teníamos exactamente los mismos, pero sin topes. Una vez visto cómo funcionaba este sistema, el propio Ministerio de Sanidad en el Comité Asesor de Prestación Farmacéutica nos ha venido señalando dónde está el problema en los distintos análisis técnicos. El problema no lo tienen los pensionistas, ¿por qué? Porque pusimos mecanismos de protección para que los pensionistas no tuvieran que pagar en exceso los medicamentos. El problema está, por un lado, en la escasa progresividad del modelo, porque en el mismo tramo tenemos pacientes que cobran 18 000 euros y pacientes que cobran 99 000 euros, y consideramos que esto no es progresivo ni es justo. Y, por otro, también en aquellos pacientes que, estando en edad laboral y no siendo uno de esos colectivos que tienen exención en algunos de sus medicamentos -como ahora les comentaré-, tienen que pagarlos, es decir, tienen que asumir ese coste económico. Cuando hablamos de falta de adherencia terapéutica, cuando hablamos de un paciente que no va a retirar los fármacos porque son caros o que cuando llega a la farmacia no retira todos porque no le salen las cuentas para llegar a fin de mes, estamos hablando de consecuencias clínicas: agudizaciones, descompensaciones, empeoramiento de las patologías, más urgencias, más ingresos hospitalarios y, por supuesto, un sufrimiento totalmente evitable. Por lo tanto, hacer esta reforma es corregir desequilibrios que el propio funcionamiento del modelo ya había revelado con absoluta claridad. Lo hace manteniendo intacta la idea de la corresponsabilidad y del uso racional de los medicamentos, pero introduciendo algo que es imprescindible en cualquier política pública que se precie de ser eficaz: una mayor sensibilidad por la capacidad económica real de las personas y por el impacto que tiene la enfermedad prolongada sobre la economía de las familias.»

Fragmento 3 de 7 de esta intervención.