«Es cierto que el decreto incorpora algunas mejoras con respecto al modelo anterior, no lo negamos, pero vestir de reforma integral una cuestión que solo modifica tramos de renta es muy atrevido. El problema de fondo sigue estando ahí donde estaba, porque el modelo sigue basándose en la idea de que el acceso a los medicamentos debe estar condicionado, aunque sea parcialmente, por la capacidad económica de las personas. Nosotros creemos que esta es una mirada equivocada. Lo es, en particular, al hablar de enfermedades crónicas. Lo es cuando sabemos perfectamente que hay personas que dejan los tratamientos, que alargan las prescripciones o siguen las pautas de forma irregular sencillamente porque no pueden asumir el coste económico con normalidad. Esto pasa todos los días. Cuando una persona deja de tomar una medicación porque no la puede pagar, el problema no es de corresponsabilidad económica, sino de un fallo del sistema. Por ello, creemos que el debate de fondo no debe girar permanentemente en torno a qué porcentajes abona cada colectivo o cómo se reparten los topes, sino en cómo garantizamos que nadie deje de medicarse por motivos económicos. Este decreto no da este paso, lo que hace es reorganizar un modelo existente; lo complica todavía más administrativamente y se presenta como si fuera una gran transformación estructural. La realidad es que seguimos dentro de la misma lógica.»

Fragmento 5 de 7 de esta intervención.