«Señorías, sabemos bien que detrás de cada expediente hay una familia que reorganiza por completo su vida. Hay madres y padres que reducen su jornada, que reducen horarios, que multiplican esfuerzos y que sostienen emocionalmente situaciones de enorme dureza. La obligación de los poderes públicos es estar a la altura de esa realidad, y estar a la altura significa reconocer derechos, facilitar su ejercicio y evitar que el acceso a la protección dependa de interpretaciones restrictivas o de vacíos normativos. Este real decreto, esta nueva normativa responde, en definitiva, a tres grandes objetivos: ampliar y adaptar la protección a la realidad clínica actual, reforzar la seguridad jurídica de las nuevas realidades familiares y laborales y mejorar la transparencia, la eficacia en la gestión y la homogeneidad. Son tres objetivos concretos, útiles y profundamente alineados con la vocación de nuestro sistema público de Seguridad Social. Por todas estas razones, no es solo una nueva normativa técnica, es una norma de derechos y de humanidad; es una norma que mejora la vida de las personas porque entiende mejor su realidad, porque fortalece la confianza en nuestras instituciones, porque demuestra que la Seguridad Social puede y debe seguir adaptándose a los cambios sociales, familiares y sanitarios de nuestro tiempo.»

Fragmento 6 de 7 de esta intervención.