«Los funcionarios serán agentes de autoridad y los trabajadores sin esa condición también tendrán la misma protección penal, resarcimientos económicos y separación de internos si ingresan en prisión. Para este grupo ha sido esencial el trabajo de los sindicatos, especialmente de Comisiones Obreras. Aprovecho para saludar a los funcionarios hoy aquí presentes. La protección no solo depende de las medidas disciplinarias, pues se necesitan políticas preventivas y más inversión en tratamientos. Esta es la mejor vía para un trabajo óptimo, seguro y con resultados reales. Hoy estamos reformando la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, la primera ley orgánica tras la aprobación de la Constitución y la superación de la dictadura franquista. Fue la primera, porque era urgente mejorar las inhumanas condiciones de los presos. Es una buena ley, que no ha sufrido muchos cambios, y es un buen texto legal, pero si hay reformas, también deben hacerse pensando en mejorar las condiciones de las personas presas para alcanzar el mandato constitucional. Por eso llevamos años reclamando el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Casos como el del joven Derimán Alemán, en Gran Canaria, no se pueden volver a repetir. La ley de 2003 nos lo ordenó para antes del 1 de enero de 2004, hace veintidós años, y esta Cámara lo ha aprobado en proposiciones no de ley. Salvo Cataluña, Euskadi y Navarra, las comunidades no han cumplido. Ya está bien de ignorar la ley.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.