«Durante años, miles de profesionales desarrollaron su actividad conforme a los sistemas que el propio Estado reguló, supervisó y consideró válidos. Algunos permanecieron en ellos obligados, porque no existía alternativa real; otros organizaron su vida profesional conforme a las opciones que el ordenamiento jurídico y los avatares de su vida les ofrecían. Lo relevante es que todos ajustaron su conducta a unas reglas cuya legitimidad nadie discutía entonces y cuyas consecuencias no pueden ignorarse ahora. Muchos comenzaron su actividad en mutualidades de reparto y vieron después cómo aquellas entidades mudaron por mandato legal hacia modelos de capitalización individual completamente distintos. Todos financiaron, mediante obligaciones fiscales y durante décadas, prestaciones públicas, de las que no disfrutaban en igualdad de condiciones otros trabajadores y ciudadanos. También contribuyeron, mediante sus impuestos, al sostenimiento de la sanidad pública, las pensiones públicas y el conjunto de servicios que presta el Estado. Por eso, resulta difícil aceptar que el debate se plantee exclusivamente en términos de coste económico y no de derechos. Reducir este debate a los costes es mísero, incluso tramitarlo a través de una proposición de ley y no mediante un proyecto de ley, como ya se ha dicho anteriormente.»

Fragmento 2 de 6 de esta intervención.