«Estábamos hablando de la seguridad jurídica proclamada en nuestra Constitución y de los principios de protección social y suficiencia económica que inspiran sus artículos 41 y 50. Quien reguló, supervisó y consideró válido durante décadas un sistema -el Estado- no puede ignorar después sus consecuencias sin poner en cuestión la seguridad jurídica proclamada, insisto, en el artículo 9.3 de nuestra Constitución. Ahí aparecen las clamorosas insuficiencias del texto que hoy debatimos. Siguen quedando fuera los mutualistas pasivos, siguen quedando fuera quienes agotaron prestaciones, siguen quedando fuera quienes confiaron legítimamente en el marco jurídico vigente y descubren hoy que una parte de su trayectoria profesional apenas encuentra reconocimiento en la solución propuesta. Aquellos que tengan quince años cotizados en la Seguridad Social quedan excluidos y en un limbo vergonzoso de años inexistentes, sin que se reconozca la 1x1 en toda su amplitud. Una parte importante de los afectados ya no dispone del tiempo necesario para corregir por sí mismos las consecuencias de decisiones adoptadas hace décadas por mandato legal. El legislador todavía puede rectificar, pero ellos ya no.»

Fragmento 3 de 6 de esta intervención.