«Especialmente reprochable ha sido la actuación del Gobierno durante esta tramitación, como se ha dicho. Cuando se plantearon propuestas dirigidas a ampliar, en justicia, la protección de quienes continuaban excluidos, la respuesta fue la de vetos de última hora, tras dieciocho meses de tramitación, apoyados en consideraciones genéricas sobre la sostenibilidad futura del sistema, vetos alejados de los requisitos exigidos en el artículo 111 del Reglamento de esta Cámara y retorciendo el artículo 134.6 de la Constitución. Sin embargo, el propio Gobierno afirmaba conocer con notable precisión cuántos mutualistas se acogerían a una pasarela que sigue siendo voluntaria. Más allá del juicio que merezca semejante afirmación, contiene una admisión difícil de ignorar, porque estamos hablando de decenas de miles de personas cuya situación continúa sin encontrar una respuesta satisfactoria y moralmente justa -47 000, según el Gobierno-. Cuando hablamos de prioridad nacional, hablamos también de esto, de atender a quienes han trabajado durante décadas, a quienes han contribuido al sostenimiento de España y al de sus servicios públicos (aplausos), y ello como reconocimiento justo de una trayectoria profesional desarrollada conforme a las reglas que el propio Estado consideró válidas.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.