«Res més i moltes gràcies. Buenos días, presidente. Buenos días, señorías. Me permitirán empezar diciendo que es significativo que, después de más de cuatro décadas del recuperado parlamentarismo democrático, esta Cámara deba emprender una modificación del Reglamento a fin de regular aspectos que nosotros entendemos que deberían estar intrínsecamente vinculados a la acción política y al ADN parlamentario. Que se deba reformar el Reglamento para preservar el buen funcionamiento de esta Cámara y el respeto institucional, así como las buenas prácticas parlamentarias, nos dice ya en qué se ha convertido la política y el parlamentarismo español. La discrepancia política puede ser profunda, la defensa de los argumentos intensa y el tono contundente, pero deben evitarse el insulto, el menosprecio, la señalación personal o la intimidación. Todos en esta Cámara -estoy seguro- condenamos la violencia, las amenazas y las coacciones contra la Presidencia, contra los miembros de la Mesa y contra los trabajadores del Congreso. No obstante, debemos decir con la misma claridad que esta reforma no puede ser una vara de doble medida. Si hablamos de decorum parlamentario, hablemos de ello para todos y cada uno de los diputados de este hemiciclo, sin excepciones, sin privilegios y sin impunidades, porque aquí se han oído insultos y se han visto señalaciones personales. Aquí se ha faltado al respeto a los diputados, cargos electos que representan a ciudadanos. Esto degrada el parlamentarismo, erosiona esta institución y empobrece nuestro modo de trabajar. El respeto no puede depender de a quién o contra quién vamos, el respeto a un diputado, una presidenta, una mesa, un letrado, un ujier o un trabajador de la Cámara debe ser un mínimo compartido, y no porque pensemos todos igual, sino precisamente porque pensamos distinto. El parlamentarismo existe para ordenar el conflicto político, no para convertirlo en una barra libre de descalificaciones. Por ello, si esta reforma aspira a reforzar el respeto institucional, debe hacerlo de verdad. Debe ser garantista con todo el mundo y se debe poder aplicar con criterios objetivos. Y precisamente, porque hablamos de derechos y de garantías democráticas, esta reforma merece para nosotros una reflexión más profunda. Es evidente que esperamos poder realizarla en el periodo de enmiendas, porque, cuando se regulan derechos, la seguridad jurídica no es un mero detalle técnico, es una exigencia democrática.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.