«Gracias, presidenta. 601 días. Recuerden esta cifra, señorías, porque es una de las razones por las que estamos hoy aquí. Noelia Castillo, una joven catalana de 25 años, a la que se ha mencionado ya, tuvo que esperar más de 601 días para poder decidir sobre el fin de su vida, con el consiguiente dolor, sufrimiento, frustración y angustia, porque los procesos de recursos se dilataron en el tiempo. Durante estos casi dos años, la decisión de una joven que no quería vivir se llevó a un debate público, mediático y a menudo con cierto sensacionalismo, que seguro le generó más dolor; todo ello para ejercer un derecho que esta Cámara le había reconocido. Concretamente, señorías, el 24 de marzo de 2021 este país dio un paso de gigante hacia una democracia más madura y más digna. Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en junio de 2021, las personas que se encuentran con un sufrimiento grave, crónico, imposibilitante o ante una enfermedad grave e incurable, pueden ejercer un derecho vital, el de poner fin a su propia vida por voluntad expresa y para terminar con el sufrimiento.»

Fragmento 3 de 6 de esta intervención.