«Señorías, no quiero que el caso de Noelia Castillo sea el único eje de este debate, pero no podemos ignorarlo. La historia de una persona joven que se ve afectada por graves problemas de salud y solicita la eutanasia, después de una trayectoria vital marcada por el sufrimiento físico, psicológico y social, no debe presentarse como un éxito del sistema ni de la ley, sino como una historia profundamente dolorosa y como un fracaso colectivo. (Aplausos). Es un fracaso de las instituciones, de los sistemas de apoyo, de los recursos asistenciales, también de quienes tienen responsabilidades legislativas y aprobaron esta ley y de aquellos que tienen responsabilidades ejecutivas en el ámbito territorial y no dieron cobijo al sufrimiento de Noelia desde que fue internada en un centro tutelado hasta que tristemente optó por la eutanasia. (Aplausos). Señorías, durante la tramitación de la ley de eutanasia advertimos de la insuficiente presencia de especialistas en salud mental en determinados procesos de valoración; advertimos de la dificultad de evaluar adecuadamente situaciones complejas de sufrimiento psicológico; advertimos y seguimos advirtiendo actualmente del riesgo de expansión progresiva de los supuestos inicialmente previstos y del peligro de una pendiente resbaladiza que pudiera conducir desde enfermedades terminales hasta supuestos cada vez más amplios de enfermedad crónica o sufrimiento persistente. Hoy, esas advertencias se ven tristemente ratificadas. La madre de Noelia, tras acompañar hasta el final a su hija, ha pedido públicamente la derogación de la ley y ha reclamado más recursos para la salud mental, más apoyos y alternativas para las personas vulnerables. Podremos compartir o no estas conclusiones de la madre de Noelia, pero sería un error no escuchar el mensaje de fondo que nos traslada: acompañar más, cuidar más y ofrecer más alternativas. Precisamente por eso -y termino, señora presidenta- resulta especialmente preocupante que la única respuesta legislativa que hoy se nos propone en este Parlamento vaya en la dirección contraria, la de reducir garantías en lugar de reforzar el apoyo a las personas vulnerables.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.