«Gracias, señora presidenta. Señorías, dentro del plan de regeneración que abandera el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el Grupo Popular presenta la presente proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se añade un nuevo párrafo 3 bis al apartado 1 del artículo 560 con el objetivo de que sea el Consejo General del Poder Judicial quien seleccione a los candidatos nacionales para formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de otros órganos jurídicos internacionales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal General de la Unión Europea, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, el Tribunal Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia. En esta iniciativa se plantea que en un plazo de tres meses el Consejo General del Poder Judicial deba aprobar un procedimiento para garantizar que las designaciones referidas se formalicen siguiendo los criterios de transparencia, publicidad, mérito y capacidad. El registro de esta reforma de la ley orgánica llega después de que el Gobierno esté incumpliendo las líneas maestras del Consejo de Europa para la selección de candidatos a juez, aprobadas en el propio pleno de la asamblea del pasado abril. Unas líneas que indican que el órgano encargado de recomendar candidatos debe tener una composición equilibrada. Mientras, en el caso español, debido al real decreto aprobado en 2020 por el Ejecutivo de Sánchez, este organismo concede el monopolio al Ejecutivo, con miembros elegidos directamente por la Moncloa y que forman parte del Gobierno de España, lo cual es un gran escándalo. Este procedimiento no respeta las líneas maestras del Consejo de Europa, sigue la dirección contraria de lo previsto y las modificaciones que están ya realizando el resto de países de la Unión Europea. Señorías, debemos ser coherentes con Europa y reforzar las garantías de independencia del Poder Judicial. (Aplausos). Este es el mandato del Consejo de Europa. ¿Qué objetivo tiene no hacerlo y que el Gobierno controle esta selección? Evidentemente, el objetivo es que el Poder Ejecutivo interfiera en la selección de jueces, siguiendo, sin duda, con esa obsesión de controlar la justicia que tiene el Gobierno de España. Ya hemos visto las prisas del Gobierno para llevar a cabo el nombramiento del nuevo juez español. Un nombramiento que ha incumplido ya los requisitos porque se ha determinado que el comité de selección lo conformarán cuatro miembros del propio Gobierno. Esta irregularidad ha provocado que se haya presentado ya ante el Tribunal Supremo un recurso para paralizar este proceso, denunciando la falta de garantías por parte de los candidatos. En particular, los recurrentes aluden a la decisión del propio Consejo de Europa cuando habla de la necesidad de ternas objetivas para el puesto del Tribunal Europeo. Todo este proceso coincide en el tiempo con el mandato del Consejo de Europa que, reitero, ha sido incumplido por el Gobierno de España.»

Fragmento 1 de 5 de esta intervención.