«Además, les voy a dar algún argumento técnico. Como ya se ha dicho aquí en la intervención, el decreto que regula el procedimiento de 2020, efectivamente, dotó de mayor transparencia y seguridad jurídica a este proceso, que hasta entonces se regulaba por ese simple acuerdo del Consejo de Ministros. Lo mejoró, lo reguló formalmente y añadió garantías que antes no existían. Y ustedes quieren transferir esta competencia al Consejo y quieren gobernar de aquí a un año. Y aquí aparece el primer problema jurídico de fondo: estos candidatos no tienen por qué ser jueces. El artículo 22 del Convenio Europeo de Derechos Humanos permite que sean juristas de reconocida competencia, no necesariamente miembros de la carrera judicial. Entonces, ¿qué sentido tiene que el Consejo -este órgano de gobierno- designe candidatos que no lo son? ¿Que el Consejo determine quién representa a España como abogado general ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Solo desde un corporativismo extremo tiene alguna lógica. Además -aquí también se ha dicho-, esta designación es una atribución que corresponde al Gobierno en el ejercicio de su función constitucional de la política exterior, tal y como establece el artículo 97 de la Constitución. No es un capricho del Ejecutivo; es una competencia constitucional. Y sacarla del Gobierno para llevarla al Consejo es una operación, digamos, que no mejora la independencia; si acaso, la desplaza. ¿Hacia dónde? Hacia un órgano que el propio PP -ustedes- ha usado como instrumento de bloqueo durante años, cada vez que ha estado en la oposición.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.