«En estos tiempos en los que la inteligencia artificial nos hace más fácil la vida, pero que, a su vez, supone una amenaza real por el uso de las deepfakes, de la pornografía, del ciberacoso, de la cosificación del cuerpo de las mujeres y otras formas de violencia, el instituto está trabajando en políticas de igualdad avanzadas. Sin ir más lejos, recientemente ha firmado un convenio con la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la AESIA, con la finalidad de corregir los sesgos de género y combatir la violencia digital. El instituto actúa como organismo clave en su doble papel de impulso, promoción, desarrollo, coordinación y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como de prevención de la discriminación, asistencia y apoyo independiente y especializado a víctimas de discriminación por razón de sexo. Por su parte, la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación actúa en defensa de diversos motivos de discriminación. Ambos organismos deben cooperar de manera estructurada en el ejercicio de sus respectivas y diferenciadas funciones como organismos nacionales de igualdad, y deben hacerlo también a partir de la aprobación de esta ley que hoy les presentamos de conformidad con las directivas europeas en la materia. Así, tanto la autoridad independiente como el propio instituto tendrán legitimación procesal en situaciones análogas dentro de sus ámbitos de aplicación. Ahora, en el segundo cuarto del siglo XXI, las nuevas directivas europeas sobre organismos de igualdad requieren necesariamente que estos organismos estén habilitados para actuar en procedimientos judiciales y, en determinados supuestos, iniciar acciones en nombre propio para defender el interés público.»

Fragmento 4 de 8 de esta intervención.