«Es una exigencia europea, señorías, sí, lo es, pero la modificación de las leyes procesales no responde solo a esa exigencia, sino que con esta reforma el instituto amplía sus funciones en respuesta a una necesidad que es política y también jurídica: podrá actuar en situaciones de discriminación cuando se vean afectados intereses colectivos o difusos, y lo podrá hacer con coherencia y con capacidad estratégica. Por otra parte, la regulación de la presidencia del instituto obedece también a una adaptación normativa, en concreto, a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Este cambio refuerza su capacitación y su autonomía personal, respondiendo así a otra de las exigencias de las directivas europeas que estamos trasponiendo. La presidencia se equipara al rango de otros organismos de igualdad equivalentes. Deberá elegirse mediante un procedimiento más abierto que en la actualidad, siempre entre personas de reconocido prestigio que acrediten idoneidad, competencia profesional y experiencia en la defensa de los derechos de las mujeres y en la promoción de la igualdad; además, para esa elección deberá contarse con el Consejo de Participación de la Mujer.»

Fragmento 5 de 8 de esta intervención.