«Esta reforma se impulsa de manera paralela a la elaboración de los nuevos estatutos del Instituto de las Mujeres que acaban de someterse a audiencia pública. España no solo ha hecho los deberes, sino que está mucho más avanzada que la inmensa mayoría de países de la Unión en el cumplimiento de lo que dictan las directivas europeas que ahora trasponemos. Con esta proposición de ley completamos el cumplimiento del mandato de las directivas, especialmente en lo que se refiere a la parte procesal a la que ya nos hemos referido. Las víctimas de discriminación -de cualquier discriminación- merecen un sistema de protección robusto que les garantice atención especializada y adecuada al motivo de la discriminación; un sistema coherente con el papel central que las políticas de igualdad ocupan en el Gobierno de España; un sistema que en el futuro nos continúe situando a la vanguardia europea. Reforzar el Instituto de las Mujeres es fortalecer el Estado democrático de derecho, es garantizar más y mejor los derechos fundamentales, más aún en un contexto de cuestionamiento creciente de los avances de igualdad, de discursos cargados de misoginia, de negacionismo e incluso de odio, y con el difícil reto de instaurar los derechos digitales frente a los riesgos de la sociedad digitalizada, que ya no es futuro, señorías, ya es presente.»

Fragmento 6 de 8 de esta intervención.