«La inteligencia artificial debe respetar los derechos fundamentales y evitar cualquier forma de discriminación, pero eso no justifica crear un tipo de nueva burocracia con capacidad de intervención desde interpretaciones ideológicas, que, como mínimo, son muy subjetivas. La innovación tecnológica necesita seguridad jurídica, criterios objetivos y reguladores independientes. Lo que no necesita, sin duda, son organismos que actúen como guardianes de una determinada concepción política, cultural o ideológica de la realidad. También nos preocupa especialmente que conceptos jurídicamente indeterminados acaben convirtiéndose en instrumentos de intervención discrecional. Creemos que, cuando la supervisión pública se fundamenta más en categorías ideológicas que en criterios técnicos verificables, el riesgo de arbitrariedad aumenta de forma considerable. Y también nos genera grandes dudas la ampliación de la legitimación activa del Instituto de las Mujeres para intervenir ante los tribunales en defensa de intereses, que no siempre son concretos y específicos, sino que muchas veces son difusos o colectivos. Permitir que este organismo actúe judicialmente sin necesidad de una autorización individual y concreta de las personas presuntamente afectadas cuando se considere que existe un interés colectivo es algo que no nos parece que sea una forma adecuada. La protección de los derechos es imprescindible, pero también lo es conservar o preservar los equilibrios institucionales y evitar procesos de judicialización excesiva de los debates políticos, sociales o culturales. No queremos una policía de la moral, y este es el aroma que vemos que desprende su propuesta.»

Fragmento 8 de 10 de esta intervención.