«Cuando una Administración pública adquiere una capacidad de intervención como la que ustedes proponen-lo sabemos, lo hemos vivido y somos conscientes de ello-, acaba convirtiéndose en un actor político más, que, por otra parte, dispone de recursos públicos y de una enorme capacidad de influir sobre la configuración del debate público, con la excusa de la defensa de los intereses públicos legítimos. Y vuelvo a la cuestión de las competencias. Cataluña dispone de competencias propias en hábitos directamente vinculados a las políticas de igualdad, como la educación, el empleo, los servicios sociales, la promoción de las mujeres o los medios de comunicación públicos. Se nota la poca predisposición a respetar estas competencias en su propuesta, porque, de entrada, no incorpora ninguna cláusula que haga referencia a dichas competencias de Cataluña ni tampoco prevé -y, en general, tampoco respecto a las competencias de ninguna comunidad autónoma- ningún mecanismo para garantizar un equilibrio entre los organismos estatales y los organismos territoriales. Lo que vemos es lo de siempre, y es que, ante cualquier nuevo desafío, la respuesta del Gobierno español consiste en concentrar más competencias, más recursos y más poder en Madrid, como diría alguien. Y nosotros, por si no había quedado claro, defendemos exactamente lo contrario. Defendemos que es Cataluña, y no Madrid, la que debe hacer efectiva la política de igualdad. Consideramos que la igualdad se construye desde la proximidad, desde el conocimiento de la realidad social y la capacidad de adaptar las políticas públicas a dicha realidad social. Además, la experiencia nos demuestra que, cuando se concentra demasiado poder en un único organismo estatal, eso es sinónimo de politización, y quizás es lo que buscan, polarizar e impulsar un debate orientado desde el Gobierno, es decir, contribuir a aquello que ahora se llaman las guerras culturales.»

Fragmento 9 de 10 de esta intervención.