«Me van a permitir que ordene nuestras objeciones. La primera es esa ausencia de la independencia del instituto, a la que ya me he referido y que me parece un presupuesto esencial. Las dos directivas y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial señalan expresamente que estas funciones se tienen que atribuir a organismos con verdadera autonomía funcional, sin interferencias externas, con estabilidad y recursos propios. Por tanto, surge esa gran duda. El instituto es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad y, por mucho que esta proposición nos hable programáticamente de imparcialidad, objetividad o integridad, no cambia la naturaleza jurídica del Instituto, no le blinda frente a injerencias o interferencias externas y no le otorga un estatuto de independencia real. Ya no se trata solo de impulsar aquí o de fomentar políticas de igualdad, sino que estamos hablando de supervisión, de atención a las víctimas de discriminación y, también, de legitimación para litigar de una forma muy amplia por intereses difusos y colectivos. Es decir, estamos hablando de un conjunto de garantías que exigen una distancia real y efectiva respecto al poder político, porque a lo mejor el peligro puede venir del poder político, precisamente. (Aplausos). Además, esa duda no nace del vacío: diversas voces feministas han criticado en los últimos años el sesgo ideológico de determinados posicionamientos y estudios del Instituto de las Mujeres. Si esta institución va a ser un ente central en la supervisión y en la tutela, lo primero que hay que hacer es garantizar de una forma exquisita esa neutralidad, esa profesionalidad y esa independencia, y esta proposición de ley no lo hace.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.