«Bien hay que poner fin al poder arbitrario de las mutuas. Estas no son el médico de nuestros hijos e hijas, son asociaciones privadas de empresarios que gestionan prestaciones públicas. Y aquí está el conflicto: son entidades privadas que pueden condicionar un derecho público, mientras que las familias cargan con la enfermedad. Cuando una mutua corta la CUME, no corta el expediente, corta curas, salario y vida. La mutua no es el médico de tu hijo; las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social que tramitan y controlan esta prestación. Pero demasiadas veces interpretan informes, cuestionan diagnósticos y cortan y recortan pagos. Quien tiene que decir si un menor necesita cuidado directo, continuo y permanente es el médico público que le trata, y punto. Nadie más tiene nada que decir sobre este tema; el médico público que lo trata, y punto. No una mutua, que mira más el expediente como si fuera una factura. En segundo lugar, hay que adaptar la ley a la vida real. Hay jóvenes que cumplen 23, 26 años y siguen necesitando cuidados por alta discapacidad, alta dependencia, enfermedades crónicas, situaciones irreversibles. Es decir, la necesidad sigue, pero el derecho se acaba. El hijo sigue necesitando cuidados, la madre sigue cuidando, pero el Estado desaparece. Una madre me lo explicaba mejor que cualquier informe. Es literal lo que voy a decir. '¿Qué pasa a los 26 años? ¿Se cura mi hijo a los 26 años? No, no se cura. Lo que pasa es que la familia se queda sola porque ya no hay prestaciones'.»

Fragmento 6 de 8 de esta intervención.