«En tercer lugar, hay que simplificar trámites y acabar con la judicialización. Una prestación que obliga a litigar no protege, abandona. Hay familias que tienen que demostrar una y otra vez que su hijo sigue enfermo, como si una enfermedad degenerativa fuera una sospecha, como si esa familia pidiera un privilegio, como si cuidar fuera una trampa, como si las familias que piden esta prestación fueran delincuentes. Esta es la realidad. Si se cortan las prestaciones, puedes estar meses o años de juicios, y mientras tanto tienes que pagar el alquiler, las terapias, los recibos y la comida. Aquí los Gobiernos, todos los Gobiernos, han sido cómplices, también el actual, dejando que cada mutua interprete y, dos, pidiendo papeles sin parar. La trampa es convertir el cuidado en una carrera de obstáculos. Y aquí hay que decir nombres políticos, no hacer poesía ni promesas. Cuando un Gobierno no reforma el real decreto de 2011, mantiene el problema; cuando no crea una unidad de terapia rápida, fuerza a las familias a ir a los juzgados; cuando no sanciona a las mutuas que incumplen, mira hacia otro lado. ¿Y quién lo paga? Lo paga, como siempre, la gente trabajadora: una enfermera que reduce jornada; un autónomo que pierde ingresos y cotización; una familia monoparental que no tiene margen; una madre que duerme poco, trabaja menos y cuida siempre.»

Fragmento 7 de 8 de esta intervención.