«También hay que señalar -no podemos olvidarlo- que el Pacto de Toledo ya advirtió en 2020, en sus recomendaciones, que las prestaciones vinculadas al cuidado de menores deberían financiarse, al menos en parte, con cargo al Estado dado su interés público, y de esto nada se ha hecho. El Grupo Popular ha trabajado con propuestas; de hecho, tenemos registrada en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones una proposición no de ley con medidas concretas para reforzar la seguridad jurídica de las familias, simplificar los procedimientos y corregir los problemas de aplicación que arrastra esta prestación desde hace años. (Aplausos). También nuestra proposición de ley de conciliación y corresponsabilidad, que se registró en esta Cámara y fue vetada por el Gobierno, incorporaba medidas al respecto. Nuestra iniciativa planteaba que el informe del especialista del Sistema Nacional de Salud sea vinculante y no pueda ser cuestionado por los médicos de las mutuas; que se reconozca expresamente la especialización domiciliaria, el hospital de día y los tratamientos ambulatorios; que las renovaciones para enfermedades crónicas e irreversibles se extiendan al menos a seis meses; que se proteja a las personas cuidadoras cuando la prestación termina; y que se corrija la desigualdad que sufren los funcionarios públicos, que hoy no tienen garantizado el mismo acceso que un trabajador del régimen general.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.