«Nuestro país ha avanzado también en un proceso esencial: la despatologización de las personas LGTBI+, en consonancia con las recomendaciones internacionales y con la estrategia LGTBI de la Unión Europea. En el fondo de lo que se trata es de rechazar una idea profundamente incompatible con los valores democráticos: la pretensión de que la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género puedan ser consideradas una patología o una realidad susceptible de corrección. Una visión, sin duda, estigmatizadora que niega la dignidad de las personas y que resulta incompatible absolutamente con una sociedad basada en la igualdad que respeta la diversidad y, por supuesto, democrática. La propia Ley 4/2023 supuso un paso decisivo al prohibir expresamente estas prácticas y tipificar como infracción administrativa muy grave estas pseudoterapias. La promoción de métodos, programas o terapias destinadas a modificar la orientación sexual de las personas o su identidad sexual o la expresión de su género, incluso en el caso de que exista consentimiento de la persona afectada o de sus representantes legales, es contraria a derecho.»

Fragmento 3 de 7 de esta intervención.