«La evidencia científica y los expertos internacionales en derechos humanos coinciden en señalar que estas prácticas son inherentemente humillantes, inherentemente denigrantes y discriminatorias. Los efectos descritos por la literatura especializada son sin duda muy graves: sentimientos de vergüenza, culpabilidad, autoaversión, pérdida de autoestima, ansiedad, depresión, aislamiento social, dificultades para la intimidad, síntomas de estrés postraumático o intentos de suicidio, además de las consecuencias físicas derivadas del estrés crónico. Desde luego, de esto estamos haciendo un seguimiento muy muy pormenorizado desde la dirección general, porque nos preocupa especialmente la situación de los más jóvenes, de las personas que no están completamente formadas y que perfectamente pueden terminar en una situación irreversible. Créame, somos muy conscientes de ello y, como digo, estamos haciendo un seguimiento muy pormenorizado. Por ello, la protección de las personas afectadas constituye una obligación para los poderes públicos. La incidencia de estas prácticas no es menor. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 21 % de las personas LGTBI en España manifiesta haber sufrido algún tipo de terapia de conversión. Es una cifra muy importante que nos preocupa. La encuesta de la FRA de 2024, además, señala que el 61 % de estas prácticas se habían producido sin consentimiento de la persona afectada. Por eso, precisamente, la ley de 2023 habilita y nos da la posibilidad de seguir investigando estas pseudoterapias. En estos últimos meses hemos recibido denuncias importantes, tanto individuales como colectivas en relación con la práctica de estas terapias, algunas de la Comunidad Valenciana. Estamos investigándolas y esta misma semana se ha incoado un expediente sancionador porque, como digo, estamos hablando de conductas muy graves, que tienen sanciones administrativas. Estamos incoando el procedimiento y, desde luego, vamos a seguir hasta el final.»

Fragmento 5 de 7 de esta intervención.