Enrique SantiagoSumar
Diputado
«Es inaceptable que no se aplique debidamente la normativa de prevención de riesgos laborales en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. La falta de vigilancia en el cumplimiento de esta normativa de prevención conecta las muertes de Barbate y Huelva con una obligación legal incumplida: las investigaciones técnicas de estos hechos y la participación de los representantes de la Guardia Civil en la prevención de riesgos laborales. Los informes de las investigaciones aún no se han puesto a disposición de las asociaciones profesionales. Tras un incidente de trabajo con resultado de muerte, el servicio de prevención tiene la obligación legal de investigar sus causas en cualquier centro de trabajo, así lo exige no solo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino también el Real Decreto 179/2005, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. El objeto de esa investigación no es depurar responsabilidades, es detectar las causas técnicas organizativas del hecho para adoptar medidas correctoras que eviten su repetición. Los informes elaborados por los servicios de prevención de riesgos sobre los sucesos de Barbate y de Huelva no han sido puestos a disposición de los representantes de los guardias civiles. Los representantes del personal siguen sin conocer las conclusiones técnicas de la investigación, porque los mandos de la Guardia Civil se niegan a que el consejo de participación y las asociaciones profesionales accedan a esta información.»
Fragmento 4 de 7 de esta intervención.