«Aprender de lo ocurrido es la única vía para evitar que se vuelva a reproducir. Si el informe de Barbate se hubiera compartido con participación de los representantes de las asociaciones, probablemente se habrían evitado los trágicos sucesos de Huelva. En cualquier Administración pública, los delegados de prevención tienen garantizado el acceso a la información y la documentación sobre las condiciones de trabajo, incluidas las investigaciones de los incidentes que ocurran en el trabajo, más si tienen resultado de muerte. En la Guardia Civil, los representantes de personal ni siquiera han podido leer estos informes. Esto es un síntoma de una carencia estructural. El sistema de prevención de riesgos laborales descansa en dos pilares: la evaluación técnica de los riesgos y la participación de los trabajadores a través de sus representantes. En la Guardia Civil, la participación efectiva de los trabajadores no existe, debido a la restricción de derechos. Los delegados de prevención de los guardias civiles carecen de las facultades que contempla la ley. No pueden acompañar a los técnicos en las evaluaciones, no pueden acceder a la documentación preventiva, no son consultados ante las decisiones que afectan a su seguridad y no tienen capacidad para paralizar actividades ante riesgos graves o inminentes. Las evaluaciones de riesgo de las operaciones marítimas de interceptación se realizan sin participación de los representantes de personal, trasladando a la gente la evaluación de riesgo cuando está en una persecución a una velocidad de cincuenta nudos. Es la inversión exacta de la lógica preventiva. El 47 % de las bajas con absentismo de la Guardia Civil se deben a agresiones en acto de servicio. Un cuerpo con esta siniestralidad y sin participación efectiva de sus representantes en la prevención es una forma de actuar anacrónica y autoritaria, propia de una fuerza militarizada de otro tiempo. No es una forma de actuar de un cuerpo de policía moderno de un Estado de derecho.»

Fragmento 5 de 7 de esta intervención.