«Señor ministro, pongan a disposición de los representantes de las asociaciones de la Guardia Civil los informes de investigación de los servicios de prevención sobre los hechos de Barbate y Huelva. Las medidas correctoras que se adopten, como consecuencia de la investigación, sobre prevención de estos hechos deben ser adoptadas con la participación de los representantes del personal y debe establecerse un cauce efectivo de participación de los representantes en la prevención de riesgos laborales. Son muchas las restricciones de derechos que soporta la Guardia Civil, y esto también pone en riesgo la integridad de los agentes. Por ejemplo, la exclusión de la Guardia Civil de la jornada laboral de treinta y cinco horas es un ejemplo claro. El coste de la seguridad pública no puede depender de sobresfuerzos, pérdida de descansos, sacrificio personal de los agentes. Esto fue impuesto por un régimen militar que no procede en un Estado democrático respecto a un cuerpo policial. Y lo peor es que, en las Fuerzas Armadas, sí opera la jornada de treinta y cinco horas desde el pasado 11 de junio de este año. Resulta que opera en las Fuerzas Armadas y no opera en un cuerpo policial militarizado. ¿Cuándo se va a corregir esta situación? No es justificable. También opera -las treinta y cinco horas- en la Policía Nacional o para el resto de los trabajadores de la función pública. También están las inaceptables limitaciones del derecho de representación.»

Fragmento 6 de 7 de esta intervención.