«A esta pesada estructura sumamente ineficaz habría que añadir las graves ineficiencias consecuencia del elevado número y disparidad de normas, trabas administrativas e impuestos propios abusivos que provocan la ruptura de la unidad de mercado, la creciente inseguridad jurídica consecuencia de la vorágine legislativa autonómica y una desigualdad y una deficiente prestación de los servicios públicos a lo largo y ancho de nuestra nación. (Aplausos). Todo ello perjudica la vida de los españoles de cualquier punto del territorio nacional y provoca serios desequilibrios, desigualdades y desavenencias entre ellos. Lo anterior lleva a una clara conclusión: la situación es de por sí flagrante por el volumen de gasto totalmente improductivo que esta estructura mastodóntica exige, además de ignorar lo preceptuado por el artículo 31.2 de la Constitución española según el cual el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Es evidente que si no se dilapidase tanto dinero público, no sería necesario mantener -y menos aún incrementar- el nivel de espolio fiscal que ha llevado la recaudación por ingresos tributarios a cifras históricas. (Aplausos). Si la regla de adecuación del gasto público a las necesidades de la sociedad ha de ser respetada siempre, con más razón debe serlo en un Estado que cuenta con cuatro niveles de autogobierno que reproducen los excesos del Estado central.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.