«Hay que blindar mejor la definición de productora independiente. Como ya se ha dicho, ese es un tema central de este proyecto de ley; es otro punto clave, histórico. Queremos evitar que la categoría de productor independiente sea capturada por empresas vinculadas sobre todo a grandes grupos televisivos, plataformas o capital sin arraigo territorial. Dicho de otro modo, que no nos cuelen gato por liebre. La crítica viene de lejos: la ley audiovisual que el PSOE y el PP cerraron con una definición engañosa, que Esquerra ya consideró en ese momento que estaba hecha a medida de los grandes operadores. Cuidado con eso. Vamos a intentar que las ayudas públicas -eso es capital, estratégico- no acaben en manos exclusivamente de los grandes grupos, porque entonces habríamos elaborado una ley que no serviría para la vitalidad de un sector donde gran parte de la nueva creación viene de entidades pequeñas o medianas. Las ayudas tienen que ir a productoras independientes reales, distribuidoras, pequeñas salas, proyectos en lenguas propias, colectivos de mujeres, jóvenes y talento emergente. Es decir, que el dinero público sirva para corregir los desequilibrios que genera una visión demasiado depredadora del sector y que sirva para reforzar el papel de los actores y de aquellos que en ese momento quieran ofrecer nuevas propuestas. La ley es un reconocimiento y una oportunidad de reconocimiento verdadero del carácter plurilingüe y plurinacional del Estado. Usted lo sabe, señor ministro. Esta ley debe dejar de tratar el castellano como la única lengua cultural por defecto, nos creamos o no que este es un Estado pluricultural. Nuestras enmiendas introducen de forma recurrente que las lenguas diferentes del castellano reconocidas estatutariamente tengan el mismo valor que el castellano. Por lo tanto, todo va en esa dirección.»

Fragmento 7 de 9 de esta intervención.