«Pero, señorías, no es solo eso, hay otra cuestión igualmente preocupante, porque, a pesar de la lluvia de millones recitada a título de propaganda por la ministra, este proyecto no solo invade competencias, también traslada costes. El preámbulo afirma alegremente, como alegremente lo hacen el presidente Sánchez y todos los ministros de este Gobierno -y lo ha hecho esta mañana también algún diputado de SUMAR-, que la situación financiera de las comunidades autónomas ha mejorado significativamente, como si eso quisiera decir nada. Lo dicen, pero no aportan ningún estudio riguroso, ninguna memoria territorializada, ninguna cuantificación seria de su impacto económico real y, aun así, imponen obligaciones que tienen coste económico, el coste económico con el que siempre vetan cualquier proposición o enmienda de este grupo. Lo que decíamos: el Estado decide y las comunidades autónomas ejecutan, pagan y, sobre todo, callan. Y eso no es lealtad institucional, ministra, eso es irresponsabilidad. No es admisible que quien no asume el coste sea quien adopta unilateralmente las decisiones, y aún es menos admisible que los que deben ejecutarlas y financiarlas no participen realmente en su definición.»

Fragmento 9 de 11 de esta intervención.