«El tercer pilar de esta norma es la equidad. Señorías, la igualdad real no es tratar a todos por igual, sino dar más a quien más lo necesita. Por eso la ley establece que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo compute doble a efectos de ratio. Reconoce que hay alumnado que requiere más atención y más recursos y que el sistema debe estar en condiciones de ofrecérselo. En un contexto de creciente diversidad en las aulas, esta decisión no es opcional, es imprescindible. Y frente a los discursos que hablan de uniformidad, conviene subrayar que esta ley establece mínimos comunes, pero deja mucho margen y anima a las comunidades autónomas a ir más allá. Las comunidades no solo conservan sus competencias, sino que pueden y deben adoptar medidas adicionales de mejora adaptadas a su realidad, como se ha dicho anteriormente, reforzando ratios, reforzando recursos y apoyos allí donde lo consideren necesario. Y digo donde lo consideren necesario porque son sus competencias y pueden y deben seguir ejerciéndolas. (Aplausos). Este proyecto no limita la acción autonómica, la impulsa. Fija un marco básico de equidad y calidad y abre las puertas a que cada comunidad autónoma refuerce estas políticas educativas si así lo deciden. Por eso resulta especialmente llamativo que se utilice ese argumento competencial para rechazar una ley que combina responsabilidad estatal con capacidad de mejora autonómica.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.