«Gracias, señor presidente. Señorías, hay debates que trascienden el contenido concreto de una iniciativa. Probablemente, este es uno de ellos. Porque, cuando hablamos de prioridad nacional, estamos hablando en realidad de cómo administramos unos recursos que son limitados y de cuáles son los criterios que deben orientar esas decisiones públicas. Por eso, resulta razonable que a la hora de acceder a determinadas ayudas puedan tenerse en cuenta criterios objetivos como el arraigo, la vinculación al territorio, la trayectoria laboral, la contribución al sistema o el tiempo de residencia efectiva. Y eso no es discriminar, eso es reconocer una realidad fácilmente entendible. Quienes sostienen nuestro estado de bienestar con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación, con sus impuestos merecen que esa contribución tenga un valor. Ahora bien, una cosa es defender esos criterios y otra cosa muy distinta es plantear soluciones incomprensibles o incompatibles con el propio ordenamiento jurídico, con los propios principios básicos del Estado de derecho o la propia Constitución. Nuestra posición es clara: defendemos una inmigración legal, ordenada e integrada; defendemos combatir con firmeza la inmigración irregular, reforzar los retornos de quienes entran ilegalmente o delinquen; perseguir a las mafias que trafican con seres humanos y defendemos que las ayudas públicas tengan en cuenta el arraigo y la contribución real a la sociedad. (Aplausos).»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.