«España es una democracia avanzada y las decisiones que afectan a personas deben adoptarse siempre con seguridad jurídica y con un profundo respeto a la dignidad humana. Sorprende escuchar las manifestaciones de algunos grupos parlamentarios cuando se hace referencia al arraigo o la vinculación territorial. ¿Acaso no es cierto que el PNV y el PSOE lo exigen en Euskadi para el acceso a la vivienda? ¿Acaso no es cierto que el PSOE lo ha defendido en Asturias? ¿Acaso no es cierto que el ministro Puente, cuando era alcalde, también lo ha aplicado en Valladolid? ¿Acaso no es cierto que Junts reclama criterios propios para gestionar el acceso a las universidades en Cataluña en una proposición de ley? Bien, el problema no es la medida, es quién lo plantea, sencillamente pura hipocresía. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!). La iniciativa que hoy debatimos no contiene nada sustancialmente distinto a lo que el Partido Popular ha aprobado y ha acordado en diferentes escenarios territoriales en los últimos acuerdos de Gobierno. Y esto demuestra algo relevante, y es que cuando el Partido Popular llega a acuerdos, lo hace dentro de la más estricta legalidad. Porque para nosotros la prioridad nacional no significa arbitrariedad, no significa discriminación, no significa vulnerar derechos; significa arraigo, esfuerzo, contribución y vinculación con nuestra sociedad y que todo ello pueda ser tenido en cuenta en el acceso a determinadas ayudas, en el acceso a determinadas prestaciones. Y defendemos, por supuesto, un sistema de ayudas justo; justo con quienes trabajan, con quienes cotizan, con quienes cumplen las normas. Señorías, este es el equilibrio que defendemos.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.