«Señora presidenta, señorías, hoy debatimos una cuestión que interpela directamente a la cualidad democrática de nuestro país y a nuestro compromiso con los derechos humanos. Hablamos de las mal llamadas terapias de conversión, prácticas que durante décadas han causado sufrimiento, exclusión y violencia sobre miles de personas por el simple hecho de ser quienes son. La historia de estas prácticas en España es también la historia de una discriminación institucionalizada que creíamos haber dejado atrás. Durante los años sesenta y setenta del siglo XX, en plena dictadura franquista, la homosexualidad era considerada al mismo tiempo una enfermedad y un delito. Bajo esa lógica profundamente represiva, muchas personas fueron sometidas a métodos psiquiátricos crueles, como el electroshock o terapias de aversión, que pretendían corregir aquello que nunca necesitó corrección alguna. Con la llegada de la democracia y posteriormente con la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades de la OMS, estas prácticas no desaparecieron, simplemente cambiaron de forma. Durante los años ochenta y noventa se desplazaron al ámbito privado y pseudocientífico, impulsadas con frecuencia por sectores ultrarreligiosos y ultraconservadores, que se negaban a aceptar la diversidad afectivosexual y de género como una realidad legítima de nuestras sociedades. Ya en las primeras décadas de este siglo, las principales organizaciones profesionales de la salud mental en nuestro país fueron contundentes. Emitieron comunicados conjuntos rechazando estas supuestas terapias y advirtiendo de que no solo carecían de cualquier base científica, sino que constituían formas de intrusismo profesional, maltrato psicológico y graves riesgos para la salud mental de quienes la sufrían. En concreto, tortura, se llama tortura. (Aplausos).»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.