«Hoy existe un amplísimo consenso científico, sanitario y social sobre esta cuestión. Las terapias de conversión parten de una mentira, la idea de que existen identidades, orientaciones o expresiones de género que deben ser corregidas. Cuando una política pública, una institución o una organización se construye sobre una mentira, las consecuencias siempre recaen sobre personas reales que tienen derechos. Las consecuencias son la ansiedad, la depresión, el sentimiento de culpa, el aislamiento social y, en demasiadas ocasiones, la ideación suicida. Por eso, compartimos plenamente el diagnóstico de esta moción. Estamos ante una forma de violencia estructural que vulnera la dignidad humana y ataca derechos fundamentales. Es cierto que la Ley 4/2023 supuso un avance histórico. Por primera vez se prohibieron estas prácticas en todo el territorio nacional y se estableció un principio esencial: no puede existir consentimiento válido cuando media la coacción, la presión emocional o la manipulación. Pero también debemos reconocer que el marco administrativo vigente no ha sido suficiente para erradicar completamente estas conductas. Por eso, apoyamos avanzar hacia una reforma del Código Penal que permita considerar estas prácticas como delitos contra la integridad moral de las personas, porque nadie debería lucrarse, organizar o promover mecanismos destinados a destruir la autoestima y la identidad de otras personas con total impunidad. (Aplausos).»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.