«¿Y cómo se explica, además, el error de ciberseguridad que supone que se estuvieran haciendo muchas búsquedas en Internet para hacer bombas, para alquilar furgonetas, para comprar armas o localizar posibles objetivos? (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Recordemos que en aquel objetivo estábamos en el nivel 4 sobre 5 -4 sobre 5- de alerta terrorista. Hay muchos más interrogantes, muchos. El excomisario Villarejo dijo en el caso Tándem a la Audiencia Nacional que ayudó al CNI -cito- a arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, que al final fue un error grave del señor Sanz Roldán, que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña. ¿Qué información tenía el director del CNI? ¿Qué pasó con las comunicaciones entre los diferentes cuerpos de seguridad? ¿Por qué fallaron? Las comisiones de investigación en el Congreso sirven para investigar asuntos de interés público y esclarecer las sombras que hay en torno a los atentados del 17-A es de interés público. En los países democráticos siempre se inicia una investigación parlamentaria para saber qué ha fallado y pedir responsabilidades políticas, y en paralelo se lleva adelante la causa judicial a la que se aportan las conclusiones parlamentarias para complementar. Como hizo Francia, donde no se cerraron las causas judiciales hasta tener las conclusiones de las respectivas comisiones parlamentarias de investigación por los atentados de Charlie Hebdo o del Bataclan. En otros países no tienen miedo a saber la verdad ni miedo a reconocer errores ni a repasar estos errores que pueden haber existido para corregirlos, porque eso salva vidas. Por lo tanto, debería haberse abierto la comisión de investigación inmediatamente después de los atentados, y no seis años más tarde y gracias -ya lo hemos dicho en muchas ocasiones últimamente- a que Junts haya entrado en la ecuación. Las víctimas tienen derecho a saber la verdad, también como derecho reconocido por las Naciones Unidas en diversas resoluciones, y buscar la verdad no es responsabilidad ni debe ir a cargo de las víctimas, sino del Estado español.»

Fragmento 7 de 7 de esta intervención.