«Dicho esto, hoy se da -como decíamos- un paso muy importante que nos tiene que hacer sentir orgullo; orgullo. Un paso que las asociaciones contra las prácticas de conversión llevan años esperando, que se castigue penalmente a quien pretenda corregir la identidad de género o sexual de otra persona como si se tratara de una desviación, de un error, de un defecto, y no de lo que es, un sentimiento que nace de dentro y que forma parte del desarrollo libre de la personalidad de un ser humano, que permite una cosa tan maravillosa y esencial como amar libremente. En Junts hemos escuchado a las asociaciones. Siempre lo hemos hecho, lo demostramos en la tramitación de la ley trans, que fue un hito histórico para los colectivos LGTBI, porque por primera vez se garantizaba por ley el derecho a la autodeterminación de género y el cambio registral sin requisitos médicos. Lo volvimos a demostrar en la ley de salud sexual y reproductiva, que complementó la anterior, reconociendo la diversidad de género y familiar en las políticas públicas de salud sexual y reproductiva, garantizando el acceso no discriminatorio a los servicios sanitarios relacionados con la salud sexual y reproductiva para las personas LGTBI, o fomentando una educación sexual integral, basada en los derechos humanos y la diversidad sexual y de género y el respeto a las diferentes orientaciones sexuales. Defender la dignidad y la libertad de las personas LGTBI forma parte de nuestro compromiso con los derechos humanos y la libertad individual. Por eso sumamos nuestros siete votos a que sea posible que el Código Penal haga justicia al colectivo LGTBI, pero, sobre todo, que haga justicia con cada una de las personas que se han sentido desamparadas ante quien a veces ha usado la religión, a veces, el título académico, a veces, el ascendente familiar para provocar culpa, ansiedad o depresión, que a veces han generado ideas suicidas.»

Fragmento 8 de 11 de esta intervención.