«Del texto original se han caído garantías esenciales para la viabilidad financiera del traspaso, como, por ejemplo, la cobertura de las inversiones ya comprometidas, el mantenimiento de las bonificaciones que ya está asumiendo la Administración del Estado y la ampliación a la que se comprometió y que iba incluida en los presupuestos de 2024, la compensación por los incrementos tarifarios diferidos al año 2038 y la mencionada asunción por la Administración del Estado de las posibles consecuencias de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la ampliación de la concesión. Y hay motivos para la preocupación. No solo por los 4000 millones que le puede costar a la Xunta el hecho de que no se hayan incluido estas previsiones, sino porque en las catorce -catorce- ocasiones que la Xunta ha solicitado al ministro Puente conocer la posición del Gobierno en relación con ese procedimiento judicial en Europa, el ministro -habitualmente tan rápido en sus respuestas- no ha contestado ni a una de las cartas que se le ha dirigido desde Galicia por la eficaz conselleira de Infraestructuras María Martínez Allegue. Y, ante esta falta de transparencia, la Xunta no ha tenido más remedio que interponer un recurso contenciosoadministrativo simplemente para acceder a la documentación remitida por el Gobierno a las instituciones europeas. Y, por si esto no bastase, se ha introducido una cláusula nueva adicional que fija como techo máximo de las obligaciones a asumir por la Administración del Estado los límites económicos vigentes a fecha del acuerdo en la Comisión Mixta de Transferencias, lo que, evidentemente, desnaturaliza el texto original.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.