Manuel Lago PeñasSumar
Diputado
«Remato. Hoxe podemos dar un paso máis no bo camiño, pero aínda é insuficiente, porque Galicia non pode aceptar ser a única comunidade autónoma do Estado que siga pagando peaxes en 2048. Non podemos aceptar pagar 10 000 millóns de euros máis a unha empresa privada que é propiedade de fondos de investimento estranxeiro. Non pode ser que o Estado financie con 3400 millóns de euros os beneficios dunha empresa privada. Por iso, a proposta de SUMAR é unha AP9 pública e galega xestionada en beneficio do noso país. Buenos días. Mis primeras palabras son de solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela, en este día de enorme dolor. En la década de los cincuenta y los sesenta, docenas de miles de gallegos y gallegas han emigrado a ese país huyendo de la miseria económica y moral del franquismo y ese país, Venezuela, los acogió fraternalmente. Votar a favor de esta proposición de ley es dar la respuesta correcta a una demanda generalizada de la sociedad gallega. Hasta en cinco ocasiones el Parlamento de Galicia ha votado, por unanimidad, la transferencia de la titularidad y las competencias sobre la autopista del Atlántico. Hoy, ese anhelo del pueblo gallego puede hacerse realidad. Es una proposición de ley que garantiza la correcta transferencia de la titularidad de la principal vía de articulación por carretera de Galicia, y lo hace cumpliendo todos los requisitos. En primer lugar, respetando el autogobierno de Galicia, porque será la Comisión Mixta de Transferencias entre la Administración General del Estado y la Xunta de Galicia la que pacte las condiciones de la misma. En segundo lugar, la Administración General del Estado seguirá asumiendo las consecuencias de las decisiones tomadas hasta el momento de la transferencia y del coste económico de todas las medidas adoptadas. Entre ellas, señorías, los 3400 millones de euros que ha comprometido el Estado para bonificación de los peajes hasta el año 2048. En tercer lugar, la Xunta de Galicia solamente asumirá los costes que se generen por las decisiones que tome el Gobierno gallego una vez asumida la competencia, lógicamente.»
Fragmento 4 de 7 de esta intervención.