«Sin embargo, SUMAR considera que la transferencia de la competencia es una medida necesaria, pero claramente insuficiente para abordar el verdadero problema de los peajes, porque la concesión para explotación privada de la autopista se va a extender durante veintidós años más, hasta el año 2048. Es un escándalo, una discriminación inaceptable y, por eso, ha venido el portavoz del Partido Popular de Galicia, porque todas las autopistas de primera generación acaban su periodo de concesión antes de que acabe este año 2026, mientras que la autopista gallega seguirá con peajes hasta el año 2048. Un poco de historia. El 17 de agosto de 1973, el dictador Franco firmaba en el Pazo de Meirás el decreto con el que Audasa inició su actividad, otorgándole un periodo de concesión para la explotación de la autopista de treinta y nueve años, esto es, hasta el año 2012. Para que se entienda bien, ya hace catorce años que debería haber concluido la concesión y, por tanto, los peajes de la AP9. No ha sido así por las diferentes prórrogas del periodo de concesión. La última, la más grave, fue perpetrada por un Gobierno presidido por Aznar, que decidió prorrogar la concesión veinticinco años más, hasta el año 2048. Voy a atreverme a decirlo aquí, una decisión considerada ilegal por la Comisión Europea, un pelotazo privatizador, que debería pasar por un juzgado, si no fuese porque el presunto delito ya ha prescrito.»

Fragmento 6 de 7 de esta intervención.