«Este año el programa adquiere un significado aún mayor, puesto que nos encontramos en un contexto marcado por una escalada de precios derivada de la crisis de Oriente Medio, que ha afectado de forma directa al transporte de viajeros y con ello a los jóvenes, uno de los colectivos, indudablemente, más vulnerables desde el punto de vista económico. El incremento del precio de los combustibles, junto con el encarecimiento de otros costes asociados, está generando una presión muy relevante sobre el sector del transporte y, al mismo tiempo, limita la capacidad de los jóvenes para desplazarse en el periodo en el que más lo hacen, que es el verano. Esto, por tanto, no es una cuestión menor, porque implica el riesgo de que se reduzcan de forma significativa los desplazamientos estivales de la juventud, con un impacto negativo no solo en su desarrollo personal, sino también en el conjunto de la economía, especialmente en sectores como turismo, cultura o el propio transporte. Por ello actuamos una vez más, pero no hablamos de una medida de emergencia, sino de una política que demuestra su utilidad social, el impacto económico y su valor estructural, y lo quiero subrayar, porque forma parte de una estrategia más amplia, una estrategia de apoyo a la juventud, una estrategia de impulso del turismo nacional, especialmente en destinos medios no saturados, y de fomento de un modelo de movilidad más seguro, más sostenible y más eficiente que el vehículo privado. Pero, además, porque facilita el acceso al transporte y con ello no solo permite viajar, permite ampliar horizontes, acceder a la cultura, fortalecer relaciones y generar oportunidades, y, al mismo tiempo, contribuye a reforzar sectores claves de nuestra economía y avanzar en los compromisos de sostenibilidad.»

Fragmento 3 de 7 de esta intervención.