«Muchas gracias, presidenta. Seré mucho más breve en este punto. Se trata de someter a convalidación el Real Decreto Ley de Autorización de Operaciones de Crédito Extraordinario a Organismos y Entidades del Sector Público Institucional Estatal, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 9 de junio. El objetivo es uno y es claro: garantizar la continuidad de inversiones en 2026 en ámbitos clave para nuestro país. El punto de partida es conocido: siguen vigentes los límites de endeudamiento fijados en los presupuestos generales del Estado de 2023, diseñados hace tres ejercicios y que, lógicamente, no responden a las necesidades actuales. Esto tiene una consecuencia directa, ya que determinadas entidades públicas no pueden financiar inversiones ya previstas, comprometidas o en ejecución para 2026 sin acudir al mercado para obtener financiación para ello. Las inversiones no son accesorias, son en transporte ferroviario, son portuarias, son en seguridad marítima y son actuaciones en el entorno de la internacionalización de nuestras empresas. Es decir, inversiones esenciales para el funcionamiento normal del país y, si no actuáramos, pondríamos en riesgo proyectos, compromisos ya adquiridos y afectaríamos a servicios de interés general.»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.