«Por tanto, estamos ante una situación real, concreta, urgente, que justifica la aprobación de este real decreto ley que hoy presentamos. Porque lo extraordinario no es este mecanismo, lo extraordinario sería dejar inversiones paralizadas pudiendo evitarlo. Ante esta situación, el Gobierno actúa y lo hace con una medida clara: autorizar de forma excepcional que determinadas entidades públicas puedan endeudarse de forma extraordinaria para ejecutar sus inversiones en el año 2026. Una idea clave que quiero dejar clara es que no estamos modificando los presupuestos generales del Estado ni incrementando el límite ordinario de endeudamiento, sino algo distinto. Creamos una habilitación legal, específica, adicional y autónoma para atender necesidades puntuales que no pueden cubrirse con el régimen ordinario. Un sistema de dos ámbitos claramente separados: el régimen ordinario, que sigue rigiéndose por los límites de los presupuestos prorrogados, y el régimen extraordinario, que habilita este real decreto ley. Por tanto, estas operaciones no computan, no minoran ni alteran los límites ordinarios de endeudamiento. Con este real decreto ley se habilita que las siguientes empresas dispongan de autorización para obtener capacidad de financiación por aproximadamente 936 millones de euros destinados a inversiones estratégicas con el siguiente detalle: Renfe, 671 millones de euros para actuaciones relacionadas con material rodante y renovación de flota, mantenimiento, sistemas de señalización y control y estaciones, talleres y sistemas; Puertos del Estado, 247,7 millones de euros para construcción de infraestructuras portuarias, accesos ferroviarios y terminales logísticas, unas inversiones clave para el comercio, la industria y la competitividad de nuestra economía; SASEMAR, Salvamento Marítimo, para financiar inversiones consignadas en el Plan Nacional de Salvamento 20252027, hasta un máximo de 75 millones de euros, con una primera disposición de 16,9 millones, este mismo año, en actuaciones vinculadas a seguridad marítima, protección de la vida humana en el mar y lucha contra la contaminación; y, por último, el ICEX, con 40 millones, en este caso para la adquisición de una sede propia, porque la alternativa es el coste de alquiler, que es mucho mayor, siendo, por tanto, una operación de eficiencia económica para el sector público que va a permitir al ICEX un mejor desempeño de sus funciones de internacionalización de empresas españolas.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.