«Investigación en el caso de Pegasus. En 2022, un departamento de la Universidad de Toronto, constituido por periodistas que siguen otra investigación iniciada un año antes, llegan a la conclusión de que sesenta y cinco personas han sido espiadas en España mediante este dispositivo informático, entre ellas políticos y periodistas. Cuidado, número 36 del informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobado el pasado 11 de octubre de 2023, página 15. ¡Todos, sujetos colaboradores del movimiento proindependentista de Cataluña! ¡Oh, sorpresa, son investigados! Pues claro que son investigados. Y han sido investigados y lo sabemos, porque aquí se ha constituido una comisión de secretos oficiales, ampliada para que participasen aquellos que no participaban antes -a saber, todos los investigados que querían saber cómo los habían investigado: Bildu, ERC, Junts, etcétera-, mediante una resolución de abril de 2022 de la Presidencia del Congreso. Investigados, sí, por el CNI, porque en el artículo 4.b) de su ley reguladora dice que sus funciones son, entre otras, prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional -señor Rufián, el ordenamiento constitucional, ¡2017! (aplausos)-, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles -a ver si nos explica usted un día por qué los niños escolarizados en Cataluña siguen sin poder ser escolarizados al menos el 25 % del tiempo en lengua castellana (risas y aplausos); ¡a ver si nos lo explica usted un día aquí, con esa facundia que le caracteriza!, y si no lo explica usted, dígale al presidente del Gobierno que lo explique, o a la ministra de Hacienda, que está aquí. Sí, a lo mejor sabe usted (se dirige a la señora Montero Cuadrado) algo más que de impuestos, porque, desde luego, cuando habla de tributos y de Hacienda más vale que no dijese nada (risas y aplausos)-, y, después, todas las iniciativas y actuaciones que puedan atentar contra la soberanía -¡señor Rufián, la soberanía española, no la del Turquestán, la española!-, la integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población. Y todo ello, según hubieron de saber -usted incluido, señor Rufián-, debidamente autorizado, con arreglo a la ley orgánica de control previo del CNI, por el magistrado competente del Tribunal Supremo. Luego, ¡una investigación totalmente conforme con la legalidad, les guste o no! Nada más.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.