«Gracias, señor presidente. Señorías, empezaré por lo esencial después de las sandeces que acabamos de escuchar. El real decreto ley que hoy nos trae el Gobierno para su convalidación no pretende otra cosa que garantizar el principio de suficiencia financiera que la Ley 8/2009 establece para la prestación del servicio público que Radiotelevisión Española tiene encomendado por ley. No se trata de rescatar a la corporación pública -hay que recordar que Radiotelevisión Española cerró 2025 con un beneficio de 55,7 millones de euros?- y no estamos hablando de cubrir insolvencias o pérdidas en la gestión; únicamente se pretende compensar a Radiotelevisión Española por los costes que eventualmente tuviera que asumir por impuestos soportados no deducibles. En definitiva, que esos impuestos tengan la consideración de costes derivados por la prestación de un servicio público que, obviamente, tiene que sufragar el Estado. Se trata de dar respuesta a una controversia tributaria que se inició tras la modificación de la ley del IVA en 2015. La diferente interpretación de la norma por parte de Radiotelevisión Española, por un lado, y la Agencia»

Fragmento 1 de 5 de esta intervención.